Cualquier persona que pretenda conocer datos incluidos en las Administraciones Públicas, francamente, lo tiene muy difícil. La mayoría de las peticiones que se realizan son denegadas. Esto puede parecer positivo porque la intimidad de las personas prevalece sobre la información pero tiene sus desventajas, entre ellas, que puede tenderle la mano a los fraudes y la corrupción.
España, a pesar de ser un derecho que está recogido en la Constitución, no tiene una ley que regule el Acceso a la Información. Es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que carece de esta herramienta. La Freedom Of Information Act (FOIA) es la responsable de facilitar esta tarea en Estados Unidos. Allí gozan de mayor permisividad y libertad a los archivos y registros públicos.
Instrumento, por otra parte, muy útil para llevar a cabo un buen periodismo. Las fuentes son básicas en la profesión y los documentos de primera mano son el principal modo de dar por válido cualquier hecho, con la seguridad de que se trata de algo verídico
En España, existe una ley de 1992, la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas que autoriza de alguna manera el acceso de los ciudadanos a estos organismos públicos pero determina que únicamente podrá ser cuando el expediente en cuestión esté terminado.
La Ley de Acceso a la Información debe llevarse a cabo, como pretenden desde hace más de seis años, para estar igualados al resto de países y demostrar que realmente se trata de una democracia.
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